El portavoz del Ejecutivo y ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto que pretende mejorar la gestión del gasto farmacéutico. Según sus palabras, a través varias medidas de austeridad, se prevé un ahorro para el conjunto del Sistema Nacional de Salud de unos 2.400 millones de euros anuales y de 167 millones en la aportación de los ciudadanos.
La nueva normativa recoge principalmente las propuestas presentadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebró el pasado 21 de julio:
Prescripción por principio activo
La principal medida de austeridad propuesta es la generalización de la prescripción por principio activo. Es decir, a partir de ahora, los médicos deberán indicar preferentemente en sus recetas medicamentos genéricos. A partir de la prescripción médica, las oficinas de farmacia deberán dispensar la presentación del fármaco que tenga menor precio.
Precio de referencia
El Real Decreto Ley también ha establecido cambios en el sistema de establecimiento de precios de referencia. Así, se agilizará el procedimiento de creación de nuevos conjuntos homogéneos de medicamentos y de fijación de importe de referencia –se crearán de forma inmediata en lugar de esperar el plazo de un año-.
Deducción del 15%
Según el texto aprobado, se aplicará una reducción del 15% a los medicamentos que carezcan de alternativa genérica. Eso sí, ese descuento se realizará una vez que la patente haya sobrepasado los 10 años para garantizar que el laboratorio fabricante pueda amortizar sus inversiones. (Los fármacos que acrediten estar protegidos por patente en toda la Unión Europea quedarán excluidos de esta deducción).
Financiación selectiva
Uno de los objetivos del Gobierno es evitar la "financiación indiscriminada de medicamentos", por lo tanto, a partir de ahora, la elección de los fármacos sufragados por la seguridad social se hará en función de seis criterios: gravedad, duración y secuelas de las patologías para las que estén indicados; necesidades específicas de ciertos colectivos; valor terapéutico y social del medicamento; racionalización del gasto público; existencia de otras alternativas terapéuticas y grado de innovación del medicamento.
Envases individuales
El documento señala que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) trabajará en la adecuación del contenido de los envases de los medicamentos a la duración real de los tratamientos. En este sentido, también señala que, después de dispensar los fármacos, los farmacéuticos podrán facilitar sistemas personalizados de dosificación a los pacientes que lo soliciten.
Nuevas tecnologías
En el plazo de seis meses, deberá establecerse un formato único y común de tarjeta sanitaria válido para todo el Sistema Nacional de Salud. Además, antes del 1 de enero de 2013, las administraciones sanitarias tendrán que adoptar las medidas necesarias para implantar la historia clínica digital y la receta electrónica con el objetivo de facilitar el intercambio de datos en todo el Estado.
Estrategia sociosanitaria
También en un plazo de seis meses, ha de elaborarse una estrategia de coordinación sociosanitaria, que contará con la participación del Ministerio de Sanidad, las Comunidades Autónomas y organizaciones ciudadanas, profesionales y empresas del sector. El objetivo es mejorar la calidad de la atención al público que recibe servicios sanitarios y sociales.
Apoyo para las farmacias rurales
Por otro lado, y aunque no sea en sí misma una medida de austeridad, la nueva normativa ha elaborado un sistema de compensación para las farmacias ubicadas en núcleos de población pequeños, aislados o socialmente deprimidos. Para garantizar la viabilidad de estas oficinas y la prestación del servicio público, se ha establecido un índice corrector del margen comercial. Estas compensaciones podrán alcanzar un máximo de 10.000 euros al año.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, donde José Blanco estuvo acompañado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, el portavoz del Ejecutivo ha dicho que este real decreto ley pretende "ahorrar manteniendo la calidad de la sanidad pública".
"Esto lo hacemos desde el principio de responsabilidad, todos tenemos que tener responsabilidad en el ahorro, tiene que haber un compromiso colectivo del Gobierno, los médicos, los farmacéuticos y los ciudadanos (...) las casas no pueden estar rebosando de medicamentos sin utilizar o caducados, que pagamos todos con nuestros impuestos", ha aseverado.
Ha subrayado que se trata de armonizar las acciones de recortes del gasto farmacéutico que se realizan en España y "que todo el mundo tenga las mismas posibilidades" de acceso a tratamiento en todo el país. En este sentido, recuerda que este real decreto cuenta "con el respaldo unánime de todas las comunidades autónomas" y, según ha destacado, "con el apoyo explícito de Madrid y Valencia".
Fuente:
El Mundo.es
